El Gánigo de Guadajume (2/2): represalia

Mapa de la villa de San Sebastián de La Gomera a finales del siglo XVI, por el ingeniero Leonardo Torriani (fuente: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, signatura Ms. 314, fol. 83v.).

[…] el viejo Chupulapu[…] les decia llorando, y arrepentido, yo me muero presto ai quedais vosotros, que bien pagareis la muerte del señor Peraza, ai de vuestros hijos, y familias, ai miserables de vosotros, y luego a poco murio;

Tomás Arias Marín de Cubas (Historia de las siete islas de Canaria –1694–, libro II, capítulo XII)

El dramatizado final de Pablo Hupalapu, o Chupulapu, en el relato que comparten Abreu Galindo y Marín de Cubas, preludia la atroz represalia que sufriría el pueblo gomero a finales de 1488 o principios de 1489 tras la muerte de Fernán Peraza el Joven a manos de sus propios vasallos.

Tras acabar con la vida del señor castellano de La Gomera, los alzados trataron de tomar la torre de San Sebastián –conocida hoy día como Torre del Conde, la fortaleza medieval europea más meridional–, refugio ahora de la viuda, Beatriz de Bobadilla, y de sus dos hijos pequeños, Guillén Peraza de Ayala –futuro primer conde de La Gomera– e Inés de Herrera. Según ambos historiadores, el propio Pedro Hautacuperche, matador de Peraza, encabezó el asalto, esquivando, e incluso recogiendo con las manos, los tiros de ballesta disparados por los defensores. Pero la exhibición del líder indígena acabó costándole la vida, pues mientras el escribano Antonio de la Torre distraía su atención con proyectiles desde el terrado de la fortaleza, Alonso de Campo, apostado tras una saetera baja, le asestaba un mortal impacto de virote propulsado por una potente ballesta de garrucha. Caído Hautacuperche, los atacantes se retiraron, circunstancia que seguramente aprovecharon los gomeros del bando de Orone, fieles a los castellanos, para entregar el cadáver de Peraza a la viuda, y ésta para pedir socorro al exterior.

“[…] et non consyntades nin dedes logar que los vesinos de las dichas yslas se le subtrayan de su obediençia […]”  (fuente: Archivo General de Simancas, signatura RGS, LEG, 148903, 300).

Las dos cartas

Aunque las fuentes cronísticas aseguran simplemente que Beatriz de Bobadilla hizo llamar directamente a Pedro de Vera, gobernador de Gran Canaria, para que acudiese en su ayuda, la documentación pública deja entrever un curso de los hechos algo más complejo: el 4 de marzo de 1489, desde Medina del Campo, los Reyes Católicos expidieron dos cartas simultáneamente dirigidas al capitán jerezano. En una de ellas se constata que en realidad había sido Inés Peraza, madre del difunto señor de La Gomera, quien había denunciado formalmente el asesinato de su hijo ante los monarcas, reclamando justicia:

[…] algunos vezinos de una ysla […] mataron a Ferrand Peraça, su fijo [de Inés Peraza], e se han levantado e quieren levantar […] e se quieren o querrán substraer de su obediençia en lo qual sy asy ouiese de pasar diz que ella rresçebiría agrauio e dapno.

Con todo, la segunda carta deviene interesante porque, si bien responde a una petición de ayuda formulada efectivamente por Beatriz de Bobadilla, da a entender que el principal temor de esta no era a la rebelión sino a que algunas personas –indudablemente, su suegra y cuñados– la despojaran de sus derechos como madre y tutora de sus hijos. De hecho, la muerte de Fernán Peraza se menciona en ella de forma casi anecdótica, sin nombrar siquiera las circunstancias en que acaeció:

Et que por muerte del dicho Ferrand Peraça su marido a los dichos sus fijos pertenesçen las dichas yslas e a ella como a su madre tutrís e que se teme e resçela que algunas personas la querrán tomar e ocupar la posesión delas dichas yslas […] o le enbargarán la posesión dellas sy lo qual sy así oviese de pasar dis que se resçibiría grand agrauio e danno […]

Pero otro documento oficial, datado en 1491, certifica que Bobadilla había requerido directamente el auxilio de Pedro de Vera. En concreto, se trata de la respuesta de la Corona a una carta remitida por los vecinos de Gran Canaria participantes en la represión, quienes exigían a Pedro de Vera el pago de las soldadas correspondientes, ya que el gobernador se las había abonado en esclavos que luego les fueron requisados por haber sido ilegal su venta, como veremos. En dicha réplica se afirma taxativamente que:

[Beatriz de Bobadilla] ovo demandado socorro, para [ir] contra los dichos canarios, a Pedro de Vera, governador de la dicha ysla de la Grand Canaria, […]

En todo caso, la fatídica orden dada por los Reyes Católicos a Pedro de Vera en la primera de las cartas no deja margen a interpretaciones:

[…] vos mandamos […] que anparéys e defendáys en la posesión de las dichas sus yslas a la dicha doña Ynés e non consyntades nin dedes logar que los vezinos de las dichas yslas se le subtrayan de su obediencia, […] e para fazer justiçia de los malfechores la deys e fagades dar todo el fauor e ayuda que vos pidiere e menester ouiere, e en ello nin en parte dello non consyntades que le sea puesto enbargo nin contrario alguno.

Si damos por cierta la fecha de inicio de la rebelión deducida a partir de las fuentes etnohistóricas –como señalamos en la primera parte, el 20 de noviembre de 1488–, parece excesivo el tiempo transcurrido entre esta data y el inicio de la represión, suponiendo que fuese llevada a cabo tras la expedición de las cartas citadas, en marzo de 1489. Con todo, la propia Bobadilla da pie a certificar que Vera desembarcó en La Gomera con cierta demora, al declarar ante el Consejo Real que los gomeros le avían tenido çercada mucho tiempo, aunque es plausible que, aún así, dicha intervención ocurriese antes de marzo.

La Torre de San Sebastián o Torre del Conde, entre 1890-1895 (fuente: Colección José A. Pérez Cruz / FEDAC).

A sangre y horca

Los Reyes Católicos conocían perfectamente al hombre que enviaban a aplastar el levantamiento, la autoridad colonial más cercana a la zona de conflicto. Un mastín en palabra de su propio hijo, Hernando de Vera– poseedor de una extensa hoja de servicios prestados a la Corona de Castilla y al Señorío de Marchena, en cuya última línea figuraba la sumisión definitiva de Gran Canaria a los monarcas tras cinco años de dura guerra. Alimentaba su dilatada experiencia bélica y administrativa un carácter expeditivo y falto de escrúpulos que le había llevado en tiempos, incluso, a enfrentar la autoridad de dos intocables del reino: don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, y don Juan Pacheco, marqués de Villena.

Coinciden las fuentes más conocidas en que, en un día y mes imprecisos, Pedro de Vera desembarcó en La Gomera al frente de cuatrocientos hombres, y tras liberar a la viuda e hijos de su reclusión, y en vista de que los conspiradores habían puesto tierra de por medio, mandó celebrar las exequias por Fernán Peraza y pregonar que todo el que no acudiese a ellas sería declarado culpable de oficio.

Entonces, al término de los funerales, Vera ordenó prender a todos los asistentes, tanto para evitar un nuevo motín como para dejar a los verdaderos responsables sin posibilidad de refugio y apoyo. De los interrogatorios llevados a cabo, se concluyó que los ejecutores pertenecían a los bandos de Ipalan y Mulagua, y que se habían fortificado en Garagona –con toda probabilidad, en el actual Parque Nacional de Garajonay–, a donde luego se dirigió el jerezano con sus huestes para exigir a los alzados que se entregasen y alegasen su defensa. Al rechazar estos el ultimátum, Vera y sus hombres entraron a saco en el área, matando a todo el que opusiera resistencia y deteniendo al resto. Fue el comienzo de una pesadilla cuyo recuerdo, suponemos, permanecería en los supervivientes y su descendencia durante varias generaciones, hasta el punto que la toponimia actual conserva un nombre, se dice que relacionado con los sucesos: el Llano de la Horca, en San Sebastián de La Gomera.

Tras un proceso judicial que suponemos sumarísimo, y del que aún no se ha hallado prueba documental alguna, Pedro de Vera ordenó la ejecución inmediata de todos los varones gomeros mayores de quince años, pertenecientes a los bandos involucrados. Dejamos el relato de la masacre al  autor de la Crónica Ovetense, en el capítulo XXIV:

[…] dado que los matadores fueron pocos, los condenados a muerte fueron muchos, y a vnos arrastraban y descuartisaban después de muertos se les cortaban los pies y manos, y a otros bibos se las cortaban, y otros ahorcaban, y otros atados los pies y manos los echaban y con pesgas a las gargantas lo echaban en el mar, y a los que no llegaban a quinse años les daban otras arbitrarias como a el gobernador Bera le aparessía[…]

Es casi seguro que la represalia alcanzó también a hombres de los otros dos bandos, pues se sabe de individuos que no fueron ejecutados sino deportados a varios lugares. Aquellos que tuvieron Lanzarote como destino cayeron presas de la ira de doña Inés Peraza, quien ordenó echarlos al mar, según Marín de Cubas. En opinión de este autor, La Gomera quedó entonces más despoblada que pacífica, en tanto que el historiador Pedro Agustín del Castillo estimó el número de ejecuciones en más de quinientas.

El derramamiento de sangre no solo empapó la isla señorial: a su regreso, Pedro de Vera ordenó ejecutar las mismas penas en los gomeros residentes en Gran Canaria bajo la acusación de haber instigado la muerte de Fernán Peraza. Aunque esta sentencia quizás contó con alguna prueba que la avalase –recuérdese que algunos de los gomeros estantes en Gran Canaria habían sido vendidos como esclavos en 1477 por Peraza, entre ellos, el jefe del bando de Mulagua–, es indudable que Vera no habría actuado de otro modo, pues no podía permitirse el riesgo de una rebelión impelida por sentimientos de venganza, y en sus propios dominios.

Las crónicas añaden un curioso episodio de tintes costumbristas: la taumatúrgica aventura del gomero Pedro de Aguachioche, residente en Gran Canaria, dos o tres veces salvado de morir a manos de los verdugos, según él mismo, por la intervención de santa Catalina.

A la izquierda, Pedro de Vera imaginado por el dibujante Salcedo y litografiado por Rubio, Grilo y Vitturi para la Crónica de las Islas Canarias, de Waldo Giménez Romera (1868). A la derecha, efigie sepulcral del obispo de Canaria, fray Miguel López de la Serna, comisionado por los Reyes Católicos junto al obispo de Málaga, Pedro Díaz de Toledo, para rescatar a los gomeros esclavizados por Vera y Beatriz de Bobadilla (fuente: Memoria Digital de Canarias / Antonio Rumeu de Armas).

Esclavizados y deportados

Insatisfechos con la matanza, Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla no perdieron la oportunidad de sacarle partido a la tragedia, vendiendo a todas las mujeres y a los menores de quince años pertenecientes a los bandos acusados del magnicidio. Los Reyes Católicos aprobaron la drástica medida inicialmente, y prueba de ello es la carta que el rey Fernando envió al gobernador de Ibiza en julio de 1489 autorizando la venta de noventa y un cautivos porque, según el remitente, habían sido condenados por herejes y por cierta malicia que cometieron contra su señor. Pero, sin duda, esta respuesta del Rey Católico fue producto de la impaciencia y la irreflexión que debieron de despertar las insistentes demandas, tanto de los traficantes como de los funcionarios baleáricos, pues el monarca decidió resolver expeditiva e inapelablemente el asunto desde su campamento, ocupado en asediar la ciudad de Baza, cuya toma abrió el camino hacia el fin de la Guerra de Granada.

Porque, como sucediera en 1477 con Fernán Peraza, esta última consecuencia de la misión encomendada a Pedro de Vera por los monarcas ponía en un serio compromiso al trono castellano, empeñado en acrecentar su prestigio como entidad defensora del cristianismo, con la particularidad de que esta vez era un comisionado real el que violentaba la legalidad y no un díscolo noble.

Llevar a término toda clase de cruentas formas de matar a gentes del común que hubiesen acabado con la vida de su señor natural era perfectamente legítimo desde la jurisprudencia de los distintos reinos europeos, pero, como sabemos por la segunda Partida alfonsina, estaba absolutamente prohibido esclavizar a personas que profesasen, al menos oficialmente, la misma religión que los captores.

Se ignora quién denunció este tráfico ilegal de seres humanos, aunque las fuentes etnohistóricas afirman que había sido don Juan de Frías, obispo de Canaria, a quien se dice que Vera, tras justificar su proceder alegando que aquellos no eran christianos sino hijos de vnos alebosos traydores que mataron a su señor, y se querían alsar con la ysla, amenazó con ponerle un casco ardiendo en la cabeza si se inmiscuía en el asunto. Verídico o no este enfrentamiento, lo cierto es que Frías había fallecido con anterioridad a los hechos, y la silla episcopal en ese momento la ocupaba fray Miguel López de la Serna.

Así pues, el 27 de agosto de 1490, desde Córdoba, los Reyes Católicos ordenaron a los obispos de Málaga –Pedro Díaz de Toledo– y Canaria –López de la Serna– investigar el paradero de los cautivos y proceder a su liberación inmediata:

Sabedes cómo por çierto ynsulto que fizieron e cometieron algunos vecinos de La Gomera contra Fernand Peraza […] matándole como le mataron con alboroto e escándalo, Pedro de Vera, nuestro governador de la Grand Canaria, fue a la dicha ysla en fauor e ayuda de Dª Beatriz de Bouadilla, […] y en uengança de la dicha muerte mataron muchos de los vecinos de la dicha ysla de La Gomera y las mugeres y moças y niños y niñas catyvaron e los vendieron por esclauos e esclauas por muchas partes de nuestros Reynos de Castilla e de Aragón. E porque después nos fue fecha rrelaçión que las dichas mugeres e niños e niñas eran christianos antes e al tiempo que sus maridos cometieron los dichos delitos y que no tovieron cargo ni culpa alguna por que fuesen tomados por esclauos e vendidos por catvuos, […] vos mandamos que […] rrecoxáys en vos todos los canarios e canarias de la dicha ysla de la Gomera que falledes en poder de qualesquier persona […]

López de la Serna fallecería dos meses después de emitida la orden, quedando Díaz de Toledo en solitario al frente de la investigación.

Para hacer frente a las previsibles reclamaciones económicas por parte de los compradores de los esclavos a liberar, se ordenó a Pedro de Vera y a Beatriz de Bobadilla depositar una fianza por importe de 500.000 maravedís, cada uno, con garantía adicional en sus bienes personales. El gobernador obedeció, no sin cierta protesta, pero Bobadilla se negó a desembolsar el monto sin antes defenderse ante el Consejo de Castilla. Así lo hizo, argumentando en su favor que la venta de los gomeros había sido legítima, pues estos no se conducían como verdaderos cristianos y, tras quebrantar ciertos pactos celebrados con Fernán Peraza, habían conspirado para matar al matrimonio señorial y a sus hijos.

Un largo proceso

La liberación de los cautivos, que seguramente quedó inconclusa, se llevó a cabo mediante una larga y dificultosa investigación policial para localizar a las víctimas, reclamar a los compradores el ahorramiento de los esclavos y restituirles su inversión económica.

Sabemos que la duración de las pesquisas, aunque llevadas a cabo en su mayor parte en el trienio 1490-1492, alcanzó al menos hasta el año 1502, conllevando la apertura de una notable cantidad de expedientes, como podemos comprobar mediante una simple búsqueda en los registros del Archivo General de Simancas a través del portal PARES, lo que da cuenta de la importancia política que la Corona de Castilla otorgó al caso, obviando consideraciones humanitarias, poco o nada relevantes en el contexto social de la época. Una de sus consecuencias fue la destitución de Pedro de Vera en 1491 como gobernador de Gran Canaria, reemplazado por el juez pesquisidor Francisco de Maldonado, aunque este revés no significó perder del todo la confianza de los Reyes Católicos, quienes le encomendaron nuevas misiones en los últimos compases de la Guerra de Granada, a pesar de su avanzada edad.

Antonio M. López Alonso

Referencias

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