CRONOLOGY

• La orden responde a la petición de Juan de Frías, obispo de Rubicón, de liberar a los cautivos gomeros y ponerlos a su disposición para devolverlos a La Gomera.
• Los reyes ordenan a Juan de Aranda y Lope Sánchez de Villarreal investigar dónde se encuentran dichos gomeros, en especial en las villas de Jerez de la Frontera, Palos y Moguer, y averiguar los nombres de los vendedores y compradores, liberar a los cautivos que encuentren y entregárselos al obispo de Rubicón o a persona apoderada para recibirlos.
• Los compradores conservarán el derecho a reclamar a los vendedores el importe de sus esclavos.
• En caso de que los compradores no quisiesen revelar el paradero de sus esclavos, las autoridades podrán apresarlos hasta que entreguen estos.

El gobierno tiránico de los señores de las islas de Canaria motivó que los vecinos de Lanzarote los denunciaran ante la corte castellana solicitando simultáneamente el paso a dominio realengo para la isla, lo que dio origen mediante comisión real a la llamada pesquisa de Cabitos.

Ordena que los documentos se entreguen al juez Esteban Pérez de Cabitos.

• Este suceso y la documentación que lo prueba se conocen habitualmente como Pacto o Carta de Calatayud, aunque se trata realmente de la concesión de una de las peticiones que unos anónimos dignatarios grancanarios que habían prestado obediencia a los monarcas ese mismo mes presentaron ante estos.
• Se desconoce el contenido de las demás peticiones formuladas por la representación grancanaria, pues no se conserva el documento que las recogía.

Para ayuda de los gastos hechos y por hacer en Gran Canaria.

• Los monarcas resumen el pleito habido entre don Juan de Frías, obispo de Rubicón, de una parte, y los capitanes Alonso Gutiérrez, Fernán Martínez Nieto, Diego Gil, Alonso Sánchez Vaquenas, Juan Martínez de la Monja y Juan de Triana, de la otra parte, vecinos de Palos y de Moguer, responsables de transportar en sus carabelas a varios hombres y mujeres de La Gomera con sus hijos, que fueron vendidos como esclavos en dichas villas.
• Frías atestiguó haber estado muchas veces entre ellos como su pastor y prelado, que recibían los sacramentos y pagaban sus diezmos y que eran buenos cristianos, rogando, en consecuencia, que les devolviesen la libertad.
• Convocados los denunciados ante los jueces comisarios Villalón y Ramírez de Zamora, negaron que el obispo pudiese ser parte en el pleito y que su demanda adolecía de errores.
• Al no llegarse a un acuerdo, Frías solicitó que los oidores sentenciasen el caso, lo que así hicieron en ausencia de los demandados, que no se presentaron al dictamen en la posada del Dr. Ramírez de Zamora.
• Los jueces dieron la razón a Juan de Frías, dictaminando que los deportados, al ser cristianos y libres, non podieron nin deuieron ser catiuos nin detenidos en seruidumbre, y que debían ser puestos en libertad.
• Los demandados fueron condenados a abonar las costas del pleito, estimadas por Frías en 1.200 maravedís.
• Frías solicitó y obtuvo la expedición de la carta ejecutoria.
• La carta incluye una lista de casi un centenar de nombres de las personas deportadas, sin incluir los neonatos y bebés paridos por algunas de las mujeres al tiempo de su captura. Entre los hombres figura un tal ferrando el capitán de mulagua.